Licenciada no puede sufrir malos tratos

Imagen de Valladolid
Acabo de ver las Noticias de Antena 3 de la noche y me he quedado sorprendida. Sorprendida no por motivos alegres, sorprendida no por algo espectacular, sorprendida de vergüenza e incredulidad.

El juzgado de la mujer de Valladolid ha sentenciado que una mujer “licenciada” no “puede” haber sufrido malos tratos psicológicos por su condición de universitaria, teniendo en cuenta además, que el supuesto maltratador también es universitario.

Cuando he escuchado el titular en el sumario del informativo he mirado la agenda, pero no, hoy no es el día de los Inocentes, con lo cual me he asustado porque esto ha ocurrido de verdad.

Creo que la mente maravillosa del señor juez no alcanza a vislumbrar la gravedad del problema. Si ya era grave la situación de las mujeres que sufren violencia doméstica, y aquí entra tanto la física como la psicológica, que no gozan del respaldo necesario para denunciar, ni de la protección ni seguridad que merecen, y que arrastran años y años de sufrimiento, ahora resulta que aquélla que se atreva a denunciar cuando llegue al juzgado deberá entregar primero su certificado de estudios y sólo podrá optar a poner fin a su calvario si en su certificado de estudios no consta ningún titulo universitario.

Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos dice el señor juez que volvamos a quedarnos en casa con nuestros maridos, haciendo la comida y cuidando de los niños, porque si así hubiera sido no nos habría pasado esto? ¿Tenemos la culpa nosotras por estudiar, formarnos, tener una carrera, una profesión tal y como ellos lo hacen y hacían mucho antes que nosotras?

Parece que la violencia de género es sólo para un sector de la sociedad, y las demás no os preocupéis que como tenéis título y carrera no os pasará nada y si os pasa, es que os lo habéis inventado.

El siguiente texto pertenece a una noticia del diario ABC sobre este asunto:

Se da la circunstancia de que este juez es el mismo que en otro auto reciente y no menos polémico impuso a un hombre la orden de alejamiento de su pareja, después de que ésta le denunciara por maltrato físico, pero, curiosamente, dejó en la calle a la víctima y su hija de 15 años tras otorgar al denunciado el uso y disfrute del piso de alquiler que compartía la pareja con el argumento de que el contrato estaba a su nombre.

(…)

La situación tornó todavía a más rocambolesca cuando, establecido el domicilio familiar, el esposo comenzó a exigir a su propia esposa el pago de una renta por vivir en el piso con la excusa de que parte del dinero utilizado para comprarlo había sido aportada por una tía del denunciado. Desde entonces, la mujer pasó a ser inquilina de su marido.

Posteriormente, incluso los padres de ella adquirieron también la condición arrendatarios y se vieron obligados a pagar una renta a su yerno de 60. 000 de las antiguas pesetas cuando, por determinadas circunstancias, tuvieron que compartir el piso con la pareja. "`Si no pagan, no se quedan! ", asegura V. C. que le espetó su marido como condición indispensable para dar cobijo a los suegros.

Si los propios jueces dictaminan en contra de las mujeres en estos casos, de poco sirven las campañas del Ministerio y el trabajo de las asociaciones de víctimas y de mujeres. Así, no se consigue ni la paridad, ni la igualdad, ni la desaparición de una lacra que acaba con miles de mujeres en nuestro país.

Ver noticia de El País

18 de abril de 2007